Cuando vamos al teatro, esperamos ver una obra de inicio y cierre, clara y concisa, en la que nos sintamos involucrados y conectados en todo momento. Sin embargo, ¿qué pasa si después de la escena inicial, cae el telón y los actores simplemente abandonan el escenario? Durante el resto del tiempo, nos quedamos sentados en la oscuridad, esperando que algo suceda, pero ahí se acabó. Qué obra tan mala e incompleta, ¿verdad? Pero en cierto modo, ¿No te suena a una historia familiar? Donde nosotros, el pueblo, somos los actores, un guion llamado Democracia, en el que cada tres años sus actores se presentan para la escena inicial "Elecciones", y luego la obra termina. Desafortunadamente, esta historia no es una obra de teatro.

La democracia no se supone que sea solo una serie de escenas iniciales. Debe de ser un diálogo continuo entre el gobierno y sus ciudadanos. Y, sin embargo, aquí estamos, atrapados en un ciclo donde la democracia solo parece existir durante los periodos electorales, lo que significa que existe una desconexión pública con los procesos legislativos después de los periodos electorales. Después de emitirse el voto, ¿qué sucede con la participación ciudadana? ¿Qué sucede con nuestra participación en los procesos que configuran nuestras leyes, derechos y futuro? ¿Qué sucede con la participación ciudadana política y legislativa en México?

En una democracia sana, la participación ciudadana es el pilar fundamental, pues son las personas quienes otorgan el poder, garantizando que la voz de los ciudadanos sea escuchada y considerada en todos los aspectos de la gobernanza. Idealmente, debe implicar una participación ciudadana continua, donde las personas participen activamente en los procesos de toma de decisiones. Esto puede hacerse mediante consultas públicas, elecciones, referendos, iniciativas ciudadanas y foros abiertos con representantes legislativos, entre muchos otros elementos de una democracia participativa. Sin embargo, ¿cómo han sido estos elementos durante los períodos electorales y no electorales en los últimos años?

Contexto

Entre 2018 y 2024, durante periodos no electorales, a nivel federal se han realizado 8 consultas públicas (véase la Tabla 1 para ejemplos) y un referéndum, Revocación de Mandato 2022, con un 17,7 % de participación ciudadana (Instituto Nacional Electoral, 2022). En los últimos 3 años, según los registros de la Cámara de Diputados (2024b), se ha presentado una iniciativa ciudadana: el “Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 62, 64 y 65 de la Ley General de Educación Superior; y adiciona el artículo 353-V de la Ley Federal del Trabajo (2023)”; y 25 foros abiertos con representantes legislativos en la XLV legislatura de la Cámara de Diputados (Cámara de Diputados, 2024a).

Ejemplos de consultas públicas en tiempos no electorales entre 2018 y 2024 a nivel federal

Comparemos la participación ciudadana y su involucramiento en periodos no electorales con los electorales. Existe una diferencia significativa. Desde 1991, el porcentaje más bajo de participación ciudadana se registró en las elecciones intermedias de 2003, con un 41,68%, manteniéndose un promedio de participación ciudadana del 57,92% desde 1991 hasta la actualidad, 2024, una brecha significativa con el 4,1175% de participación ciudadana en periodos no electorales.

Figura 1: Participación ciudadana en periodos electorales de 1991 a 2024.

(Instituto Nacional Electoral, 2017; 2018; 2021; 2024)

En general, existe una desconexión pública con los procesos legislativos después de las elecciones. Más allá de votar, la influencia de la gente en las leyes y el gobierno es mínima. Como resultado, la democracia se convierte en un evento periódico, algo con lo que la ciudadanía interactúa cada pocos años y de lo que luego se retira rápidamente. Esto nos lleva a la pregunta: ¿Vivimos en una verdadera democracia o vivimos en lo que se denomina "períodos electorales"? ¿Votar cada tres o seis años es suficiente para decir que tenemos una democracia?

Entre estos periodos electorales, se aprueban leyes, se formulan políticas y se asignan recursos. Sin embargo, la ciudadanía no participa en todo esto. Esta desconexión alimenta la desconfianza en las instituciones políticas, desalienta la participación y, en última instancia, debilita los cimientos mismos de la democracia.

En Chiapas, uno de los estados más marginados de México, la representación de las minorías es sorprendentemente baja, con un índice de marginación muy alto en todo el estado. Según CONAPO, Consejo Nacional de Población (2020), el estado tiene un índice de marginación muy alto. Como se muestra en la Figura 2, que representa la marginación a nivel municipal en México en 2020, la escala va del amarillo claro (marginación muy baja) al rojo intenso (marginación muy alta). La mayor parte de Chiapas se encuentra entre el rojo y el naranja, lo que indica niveles de marginación altos o muy altos. Por ejemplo, solo un pequeño porcentaje de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas llegan al congreso estatal. Esto se debe a que el proceso legislativo es tan distante, complejo e inaccesible que las personas más afectadas por estos problemas no pueden participar. Este no es solo un problema de Chiapas, sino de todo México.

Figura 2: Índice de marginación a nivel municipal. México, 2020.

(Consejo Nacional de Población, 2020)

Según datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, 2021), la confianza en el Congreso mexicano ha disminuido en los últimos años. Entre 2010 y 2019, la confianza en el Congreso fluctuó entre el 32.4% y el 46.4%, pero para 2021 alcanzó un nivel históricamente bajo del 7.3% (Adalberto López, 2023; LAPOP, 2021). Estos resultados indican que la ciudadanía ya no confía en sus representantes electos para representar sus intereses y necesidades.

Muchos ciudadanos se han visto obligados a resignarse a votar por el candidato menos favorable en lugar de por aquel en quien realmente creen, lo que refleja un descontento general con el sistema político. Los partidos políticos en México, que alguna vez fueron pilares para representar voces diversas, se han convertido cada vez más en empresas, priorizando sus intereses sobre los de las personas a las que supuestamente representan. Esto genera una desconexión de las personas con los procesos que configuran sus vidas. Uno de los indicadores más claros de esta desconexión es la creciente tendencia al abstencionismo. Según el Instituto Nacional Electoral (2018, 2020), en las elecciones federales de 2018, el 33.98% de los electores elegibles, equivalente a 31,036,758 personas, no participó, cifra que aumentó al 36.42% (36,870,552 personas) en las elecciones federales de 2024. Esto no se debe a la apatía de la gente. El abstencionismo se ha consolidado como una forma de protesta más contundente, permitiendo a los ciudadanos expresar su insatisfacción con el sistema político. Otro indicador de esta tendencia es el aumento de candidatos no registrados, que pasó de 31.982 (0,05 %) en 2018 a 83.114 (0,14 %) en 2024 (Instituto Nacional Electoral, 2018; 2020). En las elecciones de 2024, este espacio se utilizó a menudo como forma de protesta, donde los votantes escribieron los nombres de las personas desaparecidas como un poderoso mensaje al gobierno, un recordatorio de que los nombres de estas personas nunca serán olvidados y que su búsqueda continúa.

Cuando las personas sienten que sus voces no importan o dudan de que su participación pueda impulsar el cambio, es común desvincularse por completo del proceso. Esta desvinculación representa una grave amenaza para la democracia. Un sistema que no logra involucrar a sus ciudadanos más allá de las elecciones se vuelve vulnerable a la corrupción y el estancamiento. Se aprueban leyes sin el debido escrutinio, los grupos de interés adquieren influencia y más poder, y las necesidades de la mayoría se ven eclipsadas por los intereses de unos pocos.

En México, presenciamos lo que me gusta llamar "democracia intermitente", un sistema en el que la participación ciudadana se dispara durante las elecciones, pero se desvanece en los años intermedios. Esto dista mucho de ser una democracia sana; contradice la esencia misma de lo que debería ser la democracia. La verdadera democracia requiere diálogo constante, participación continua e intercambio continuo entre el gobierno y la ciudadanía. Desafortunadamente, México carece de los mecanismos para fomentar este tipo de participación. Las sesiones legislativas se celebran a puerta cerrada, los debates se llevan a cabo en espacios inaccesibles y las consultas públicas, cuando se realizan, suelen ser superficiales.

Pensar que la democracia se reduce al voto en las elecciones sería un error, pues si bien las elecciones son una condición necesaria, siguen siendo insuficientes. Se requiere que, junto con el buen funcionamiento de las instituciones, exista una sociedad civil activa que pueda ejercer control sobre el gobierno y los grupos de interés, y ofrecer formas alternativas de participación política. Una participación que priorice las voces de las personas más afectadas por estos problemas, protegiendo así a las minorías del dominio absoluto de la mayoría.

Los actores clave en este problema se dividen en dos. Por un lado, están las personas más afectadas por la desconexión: minorías, grupos marginados y ciudadanos comunes. Por otro lado, están las instituciones que deberían colaborar con ellos: partidos políticos, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Uno de los principales culpables de este ciclo de desconexión es el propio sistema de partidos políticos. Los partidos políticos en México funcionan más como empresas, priorizando sus recursos, victorias y objetivos internos. Una vez que llegan al poder, las necesidades de los ciudadanos que los eligieron suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a la agenda del partido. Esto puede cuestionar la necesidad de los partidos políticos en su conjunto. Pero en lugar de desechar el sistema por completo, deberíamos preguntarnos: ¿Cómo podemos reformarlo? ¿Cómo podemos garantizar que los partidos políticos sirvan al interés público? La respuesta radica en hacer que la democracia sea más directa y participativa. Es necesario crear sistemas que permitan una participación continua año tras año, no solo en periodos electorales, algo que se puede lograr mediante soluciones concretas como:

1. Participación continua a través de plataformas digitales: El gobierno federal debe crear plataformas digitales que permitan a la ciudadanía opinar sobre cuestiones legislativas a lo largo del año. Estas plataformas deben ser fáciles de usar, accesibles y actualizadas en tiempo real. De esta manera, creamos un espacio donde la ciudadanía puede participar activamente en las decisiones que definen sus vidas.

2. Presupuesto participativo: A nivel local, el presupuesto participativo debe implementarse en todos los municipios. Esto otorga a la ciudadanía control directo sobre cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Les permite priorizar las necesidades de la comunidad, desde infraestructura hasta programas sociales, garantizando que los gobiernos locales respondan a las necesidades de la ciudadanía.

3. Foros y cabildos locales: Los gobiernos locales deben celebrar cabildos y foros públicos periódicos donde la ciudadanía pueda interactuar personalmente con sus representantes. Se trata de crear un espacio para un diálogo significativo, donde los representantes no solo hablen con la ciudadanía, sino que la escuchen.

4. Academia: La academia debe redoblar sus esfuerzos para contribuir mediante la investigación y la organización de foros que fomenten un diálogo abierto entre ciudadanos y legisladores, garantizando que los procesos legislativos sean más inclusivos y respondan a las necesidades públicas.

5. Reforma política: Los partidos políticos deben priorizar la participación ciudadana en sus estructuras internas y externas, promoviendo una comunicación más directa con los votantes sobre las decisiones legislativas.

6. Participación de la sociedad civil: Las organizaciones de la sociedad civil deben liderar el empoderamiento y la educación de la ciudadanía sobre sus derechos y el proceso legislativo. Pueden ayudar a la ciudadanía a comprender las complejidades del sistema político y a exigir responsabilidades a sus representantes.

La democracia no es un proceso pasivo. Requiere la participación activa de la ciudadanía año tras año, no solo durante los periodos electorales. El sistema actual de México, que limita la participación política a ciertos periodos, deja a la ciudadanía desconectada de los procesos legislativos que la afectan directamente. Mediante la implementación de reformas que fomenten la participación continua, la transparencia y la rendición de cuentas, México puede crear una democracia que realmente represente las necesidades de su población. Sin embargo, para que estos cambios se produzcan, la ciudadanía debe tomar la iniciativa, exigiendo una mayor participación y exigiendo a sus representantes que rindan cuentas de sus acciones. Solo mediante una participación activa y sostenida, México puede construir un sistema político que sirva al interés público y fortalezca las bases de la democracia.